Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el terrorsimo me ha mandado este artículo que me he visto obligado moralmente a reproducir integramente:
Con independencia de la mayor o menor satisfacción que nos pueda causar, como víctimas y familiares de víctimas del terrorismo, las sentencias dictadas en el proceso por los atentados del 11-M, lo que jamás haremos es faltar al respeto a las instituciones y restar credibilidad al trabajo realizado por todos para alcanzar una verdad jurídica que se acerque lo más posible a la verdad material de lo sucedido ese terrible 11 de marzo; lo que sí nos indigna es que existan personas como García Casqueros que, a fecha de hoy y, como presidente de una politizada asociación de víctimas del terrorismo, continúe negando la realidad y cuestionando la esencia misma del Estado de Derecho por unos intereses que algún día tendrá que explicarnos a qué responden.
Nos causa estupefacción que se permita, sin costo legal alguno, continuar afirmando que es factible que existan personas inocentes en prisión por los hechos del 11 de marzo; esa aseveración es tanto como decir que los jueces que han participado en dicho proceso han dictado, a sabiendas, resoluciones injustas ¿no es esto delictivo?.
Era nuestro deseo que, en el juicio celebrado en la Casa de Campo, se condenase a todos a los que acusábamos, sin embargo las circunstancias y las reglas del Estado de Derecho lo impidieron y, con respetuosa resignación hemos aceptado tal veredicto; lo que no estamos dispuestos es a seguir admitiendo que a costa de nuestros familiares muertos o mutilados se haga política por sectores que poco o ningún respeto demuestran ni por nuestro dolor, ni por la Justicia.
Hemos admitido que el terrorista yihadista Rabei Osman El Sayed Ahmed “El Egipcio” haya sido absuelto en España y, con gran dolor de nuestro corazón, lo hemos aceptado; hemos visto muchas cosas ante las cuales guardábamos silencio por respeto y por creer en este Estado que tanto tiempo nos viene maltratando pero “hay un momento en que la paciencia deja de ser una virtud” y, por el amor infinito a nuestras víctimas, no estamos ya dispuestos a continuar admitiendo en silencio los atropellos e insidias que desde sectores de la derecha se vienen realizando con respecto a quienes hemos sufrido tanto por culpa de unos brutales atentados de yihadistas que respondían a la descabellada política exterior de Aznar.
García Casqueros se nos presenta a lomos de su caballo para, en un alarde de frivolidad, establecer que no se ha aclarado ni la autoría intelectual ni tampoco la material de los atentados del 11-M pero, él o su caballo, se olvidan que la AVT ni tan siquiera recurrió la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, limitándose a presentar un escueto recurso referido a unas indemnizaciones, simplemente a eso “vil dinero”.
Va siendo hora de hablar claro y llamar a las cosas por su nombre; cuando García Casqueros, o su caballo, hablan de querer saber la verdad y llegar al fondo de lo sucedido entonces habría que preguntarle ¿qué instrucciones dio la AVT a sus abogados para el recurso ante el Supremo?, ¿qué les pidió y cuál fue el objetivo por el que ellos no recurrieron la sentencia?. Si no la recurrieron fue exclusivamente porque estaban conformes con la resolución de la Audiencia Nacional y, ahora, no sólo es frívolo sino torticero insistir en que son ellos los que buscan la verdad.
Durante todos estos años hemos visto cómo la AVT ha mantenido un extraño comportamiento en torno a los asesinatos del 11 de marzo, acusando sin acusar (incluso llegaron a retirar acusaciones a personajes tan siniestros y asesinos como Jamal Zougam), recurriendo sin recurrir (sólo lo hicieron por dinero, las indemnizaciones) para luego quejarse coincidiendo con personajes tan exóticos y peligrosos que gracias a nuestra tragedia han hecho una forma de vida.
Ante comportamientos como el de García Casqueros y, otros seudo comunicadores que amparan o engendran sus teorías, lo propio de un Estado de Derecho sería la aplicación estricta de la legalidad, sin embargo estoy segura que, una vez más, la Fiscalía mantendrá la misma actitud de protección hacia ellos y desentendimiento que mantuvo cuando me querellé contra Jiménez Losantos por lo que sigo creyendo que es un delito de menosprecio a las víctimas del Terrorismo; la Fiscalía de la Audiencia Nacional sólo entiende que en España existe un único fenómeno terrorista, no es así y, tristemente, tenemos 191 muertos y más de 1.850 heridos para demostrárselo.
Lamentablemente, la política de este país parece no establecerse ni en la Moncloa, ni en el Parlamento sino que viene condicionada desde un determinado periódico y desde virulentas ondas radiofónicas a las cuales políticos y fiscales tienen más respeto o miedo que a la propia Ley a la que dicen servir; para que podamos honrar a nuestras victimas y dejarlas descansar en paz necesitamos que se aplique la Ley a todos aquellos que cuestionan no ya la verdad indiscutible de los hechos sino que, además, hacen una utilización política y económica de nuestros más queridos seres, a los que hemos perdido por la acción irresponsable del Gobierno de Aznar y el actuar criminal de los yihadistas.
A nuestra asociación, se la persigue ahogándonos desde las diversas administraciones para impedirnos continuar con la labor que, sin haberla deseado, tuvimos que asumir; mientras a aquellos que se dedican a cuestionar al Estado de Derecho – en el que parecen sentirse incómodos – se les da un marco de impunidad y se les premia con el apoyo desmedido de las instituciones.
A nosotros ni nos van a callar ni vamos a desaparecer sino, muy por el contrario, continuaremos luchando para, desde la dignidad y la independencia, continuar rindiendo el homenaje que nuestros seres queridos, asesinados por los yihadistas, se merecen.
