domingo, 29 de septiembre de 2013

Crítica al Ministerio Fiscal

El Gobierno esta trabajando en la aprobación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal que encargará al fiscal (y no al Juez como es ahora), la dirección de la instrucción y la investigación de un delito. Con el vigente funcionamiento del Ministerio Fiscal sería un error el encomendar a éste la dirección de la fase de investigación (en sustitución del Juez de Instrucción). En los últimos años es cierto que se ha avanzado algo (no mucho) en lo referente a la independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno. No obstante, esos “avances” son insuficientes.

En primer lugar, es un error que el Fiscal General del Estado, la cúspide de una institución jerárquica, sea elegido por el Gobierno (“el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial” establece el Estatuto del Ministerio Fiscal). A pesar de que la Constitución establezca que “el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad” (artículo 124.2), esa sujeción es muy discutible en un órgano tan jerárquico dónde el Fiscal General, insisto, es elegido libremente por el poder ejecutivo.

El “caso del periodista José Couso” (muerto en el Hotel Palestina de Irak en 2003 por disparos de un tanque estadounidense), es un ejemplo claro del mal funcionamiento de la Fiscalía, que actuó más como parte encargada de la defensa de los soldados norteamericanos, que como organismo constitucional que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público” (artículo 124.1 CE).

Pero no estamos ante un caso aislado. Otro procedimiento dónde la actuación del Ministerio Fiscal esta dejando mucho que desear es el “caso Nóos” (Instruido por el Juez Castro en Palma de Mallorca). Conocida mediáticamente fue la imputación por parte del Juzgado de Instrucción, de la Infanta Cristina (hija menor de Rey de España), y vergonzosa fue la suspensión de la misma por parte de la Audiencia Provincial de Palma. ¿Quién recurrió la imputación de la Infanta? tras el recurso planteado por el fiscal personado en la causa.
 
Por poner un tercer ejemplo, en el “caso Bankia”. La “Asociación de Clientes Financieros” (personada en el mencionado caso), pide el cese del Fiscal General del Estado, Don. Eduardo Torres Dulce, al considerar que “su actuación en el Caso Bankia es absolutamente reprochable, condenable y parcial, al movilizarse claramente para evitar la investigación penal, y adoptar posiciones de defensa, cobertura y blindaje de los Consejeros y Directores Generales de los Consejos de Administración imputados”.
 
¿Qué pasaría en estos casos si la dirección de la fase de investigación dependiese del Ministerio Fiscal? Si no hubiese en estos casos acusaciones particulares y populares (esta última llevan tiempo queriendo eliminarla pero no pueden porque es una institución legitimada constitucionalmente), simplemente no habría casos.
 
Soy favorable a que el Ministerio Fiscal sea quien lleve la batuta en la fase de investigación, pero para ello primero hay que hacer una amplia reforma del Ministerio Fiscal, y garantizar que mencionada institución no dependa del poder político.


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